Gerardo Fernández Noroña denuncia intentos de inhabilitación política por sanciones de violencia política de género

CDMX a 12 de septiembre, 2023.- Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) y exaspirante a la candidatura presidencial para 2024 por Morena, ha denunciado enérgicamente una iniciativa del Instituto Nacional Electoral (INE) que, según él, busca dejarlo fuera de la actividad política de por vida. La controversia surge debido a una propuesta que pretende inhabilitar a políticos que hayan sido sancionados por violencia política de género.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Fernández Noroña expresó su preocupación y señaló que esta iniciativa es un intento de la derecha de eliminarlo de la política de manera permanente. Afirmó que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están utilizando la tipificación de la violencia política de género como una herramienta para socavar los derechos políticos de miembros del PT y Morena.

El diputado, quien fue sancionado en 2021 por violencia política en razón de género, cuestionó la necesidad de esta medida, argumentando que si una sanción previa no lo inhabilitó, no debería quedar excluido de la vida política. Además, acusó al INE y al TEPJF de ser el «Tribunal de la Santa Inquisición Electoral» y de no respetar el fuero constitucional ni el debido proceso.

Según Fernández Noroña, la iniciativa se discutió en una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Aunque se ha especulado que esta medida solo se aplicaría a los funcionarios que buscan la reelección, el diputado teme que en el futuro se pueda imponer para el registro de cualquier candidatura.

El legislador recordó el caso que llevó a su sanción por violencia política en razón de género en 2019 y argumentó que las acusaciones en su contra fueron «inventadas». Además, sostuvo que la sanción se aplicó de manera retroactiva para castigarlo.

Este conflicto refleja la tensión entre las regulaciones electorales y los derechos políticos de los funcionarios sancionados por violencia política de género. La propuesta del INE generará un debate significativo sobre la aplicación de estas medidas y su alcance en el futuro político de aquellos que han sido sancionados por este motivo.