Personal activo de Notimex enfrenta incertidumbre en liquidaciones frente a ofertas desiguales
Ciudad de México, 14 de diciembre de 2023 – La situación de liquidación del personal activo de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en proceso de extinción, sigue sin resolverse. Según informó Notimex, no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno mexicano después de más de tres meses de negociaciones.
Carlos Peñaloza Martínez, director de administración de Notimex, comunicó que tanto el secretario del Trabajo, Marath Baruch, como la Secretaría de Gobernación, no han proporcionado certezas sobre las liquidaciones a los 63 trabajadores activos. Hasta ahora, sólo se ha confirmado un monto de 256 millones de pesos destinado al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex).
La oferta del gobierno a los trabajadores activos es significativamente menor, proponiendo únicamente 8% de lo solicitado. Esto se traduce en 15 millones de pesos para 63 trabajadores, lo que Peñaloza Martínez calificó como «apenas 6 por ciento de lo que se otorgará a los 34 huelguistas del SutNotimex», evidenciando una gran disparidad en el trato.
Peñaloza Martínez expresó su frustración, señalando que el gobierno parece priorizar a los ex trabajadores en huelga, mientras ignora a aquellos que se mantuvieron laborando y defendiendo el patrimonio de la nación, enfrentando ataques y difamaciones. Recordó que en la última reunión conciliatoria, se les informó que la decisión de ofrecer solo un 6% a los trabajadores activos fue tomada por los secretarios del Trabajo y de Gobernación.
«Las liquidaciones de los huelguistas son políticas y las del personal activo serán apegadas a lo mínimo que marca la ley», mencionó Peñaloza Martínez, indicando que el personal activo no aceptará pagos que consideran «humillantes». Ante esta situación, están contemplando tomar acciones legales para defender sus derechos y buscar equidad en las liquidaciones entre el personal sindicalizado y el de confianza activo de Notimex.
La situación en Notimex refleja un desafío en la gestión de cierres de instituciones estatales y la protección de los derechos laborales de sus empleados, especialmente en contextos de disolución y reestructuración.
