Ataque armado contra fiscal mexiquense desata investigación urgente

osé Luis Cervantes Martínez, fiscal del Estado de México, ileso tras atentado; un escolta herido y un detenido en el incidente.

Ciudad de México, 26 de enero de 2024 – Un grave incidente sacudió al Estado de México ayer, cuando el fiscal general de justicia, José Luis Cervantes Martínez, fue objeto de un ataque armado en la carretera México-Toluca, cerca de Ocoyoacac. A pesar de la violencia del atentado, el fiscal resultó ileso, aunque un miembro de su equipo de seguridad fue herido durante el intercambio de disparos.

Los hechos, que tuvieron lugar aproximadamente a las 16:45 horas del jueves, ya están siendo investigados por la Fiscalía del Estado de México. La situación cobró un giro inesperado con la detención de Luis César «N», quien presuntamente interceptó el vehículo del fiscal, desencadenando una reacción de los escoltas que acompañaban a Cervantes Martínez.

Luis César «N», quien se dedica a la venta y construcción de inmuebles y admitió estar bajo influencia del alcohol en el momento del incidente, podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio y lesiones. Se espera que mañana sea presentado ante un juez. Mientras tanto, el Ministerio Público dispone de 48 horas para definir su situación jurídica.

Este ataque se produce en un contexto de acciones intensificadas por la Fiscalía mexiquense contra el crimen organizado, incluyendo recientes detenciones de presuntos miembros de la Familia Michoacana. La institución ha estado en el centro de una confrontación sostenida con grupos delictivos, lo que podría ofrecer un trasfondo al atentado.

El fiscal Cervantes, mostrando su compromiso y solidaridad, visitó a su escolta herido en el hospital, destacando la gravedad del ataque y la vulnerabilidad de aquellos en la primera línea de la lucha contra la delincuencia.

El incidente no solo resalta los riesgos inherentes al trabajo de procuración de justicia en México, sino que también pone de manifiesto la necesidad de medidas más efectivas para la protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.