Diputados proponen cambio radical en Ley de Salud para combatir la crisis de desabasto de medicamentos en México

Ciudad de México, 17 de enero de 2024 – Ante la creciente crisis de desabasto de medicamentos en México, un grupo de diputados de PAN, PRI y PRD, liderados por Éctor Jaime Ramírez Barba, Ana Laura Sánchez Velázquez y otros, ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud. Esta propuesta busca garantizar el acceso a medicamentos no cuando el Gobierno Federal lo determine, sino cuando realmente se necesiten, en respuesta directa a la situación crítica que enfrenta el país.

La iniciativa, que surge en un momento donde el desabasto de medicinas es una preocupante realidad, se apoya en la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta establece que el Estado debe garantizar el suministro de tratamientos de manera oportuna, constante y considerando el estado de salud del paciente. La propuesta legislativa responde a lo que se describe como «propuestas absurdas e ineficaces» del Gobierno Federal, criticando medidas como la creación de una “megafarmacia” que, según los diputados, no soluciona el desabasto y contribuye al incremento del gasto de bolsillo en salud.

La situación es tan grave que, según datos de la ENIGH 2022 del Inegi, analizados por el CIEP, un hogar afiliado al IMSS gasta en promedio 5 mil 350 pesos al año en medicamentos no proporcionados por el sector público. Esta realidad se ve agravada por el reconocimiento del propio gobierno de que se dejaron de surtir 45 millones de recetas en los últimos años.

La propuesta legislativa establece que las instituciones públicas de salud estarán obligadas a reembolsar a los derechohabientes y a la población en general los gastos incurridos por la falta de servicios o entrega de insumos de salud. Esto incluye la atención médica preventiva, curativa, rehabilitatoria y paliativa, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como el recurso a servicios privados debido al incumplimiento de la institución pública, que los insumos estén en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y que hayan sido prescritos por profesionales de instituciones públicas.

Este decreto, de ser aprobado, daría un plazo máximo de 90 días a partir de su entrada en vigor para que los prestadores de servicios de salud establezcan los procedimientos necesarios para su cumplimiento. Además, las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud financiarían los reembolsos con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta iniciativa representa un cambio radical en la legislación de salud mexicana, dirigido a asegurar el acceso a medicamentos y la atención médica adecuada para todos los mexicanos, especialmente en tiempos de crisis.