Transparencia Energética: Aprueba SCJN divulgar contratos del Estado mexicano sobre energía eléctrica
Histórica decisión favorece la divulgación de contratos energéticos en Baja California, rechazando argumentos de seguridad nacional
Ciudad de México, 8 de febrero del 2024 – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aprobado la divulgación de los contratos de compra de energía eléctrica celebrados con 28 empresas en el estado de Baja California durante el año 2022. Esta resolución se ha tomado tras un contundente voto de ocho contra tres, desestimando la propuesta de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y los argumentos presentados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJPEF), que sugerían que la revelación de esta información podría vulnerar la seguridad nacional y afectar el mercado eléctrico.
Contrario a los argumentos de la CJPEF, los ministros de la SCJN han concluido que no existe evidencia suficiente de que la divulgación de los contratos y los precios negociados pudiera provocar una alza desproporcionada en los costos de la energía o comprometer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. El ministro Juan Luis González Alcántara destacó la falta de pruebas que respalden las preocupaciones sobre posibles efectos negativos en la seguridad nacional o en la estabilidad del sistema eléctrico debido a la transparencia en los precios de la energía.
La decisión también se alinea con la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para la entrega de estos datos por parte del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), resaltando la importancia de la competencia económica y minimizando las preocupaciones sobre la posibilidad de corrupción entre los vendedores de energía.
La mayoría de los ministros, incluidos Norma Lucía Pia Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, y Alberto Pérez Dayán, han enfatizado que, conforme al artículo sexto de la Constitución, debe prevalecer el principio de máxima publicidad sobre los documentos en poder de cualquier organismo del Estado, refutando así los argumentos para mantener en reserva la información de los contratos y precios obtenidos.
