FGR sufre revés judicial en el caso de la concesión del Viaducto Bicentenario

CDMX a 14 de marzo, 2024.- En un giro inesperado dentro de los corredores de la justicia mexicana, el juez Daniel Ramírez de la Peña, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha desestimado las acusaciones contra siete empresarios y exfuncionarios del Estado de México, implicados en la controversia sobre la concesión del Viaducto Bicentenario.

Entre los exonerados se encuentran figuras destacadas como José Andrés de Oteyza Fernández, ex presidente del Consejo de Administración de OHL, y Ernesto Javier Nemer Álvarez, ex secretario de Gobierno del Estado de México, quienes enfrentaban cargos por asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación de un bien de la nación.

La Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado la causa penal alegando que la concesión otorgada a la empresa Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V. en 2008 era completamente ilegal, al no contar con la concesión federal necesaria para disponer del dominio de una vía de comunicación federal, propiedad de la nación. Según la FGR, este acto ilícito permitió el saqueo de más de 8 mil millones de pesos, beneficiando de manera casi exclusiva al particular, dejando apenas un 0.5% de los ingresos, equivalentes a 42 millones de pesos, al Gobierno del Estado de México, y excluyendo completamente a la Federación de cualquier beneficio económico por la explotación del bien.

El fallo del juez Ramírez de la Peña, basado en la falta de elementos para procesar a los imputados, marca un punto crucial en este largo debate legal y político. La decisión ha provocado que la FGR anuncie su intención de utilizar todos los recursos legales a su disposición para apelar la decisión, argumentando la gravedad de los delitos cometidos y la necesidad de hacer justicia en un caso que consideran claramente delictivo y no meramente administrativo o civil.

Este caso resalta la compleja intersección entre la legalidad de las concesiones, la explotación de bienes nacionales y la responsabilidad gubernamental. Además, refleja la continua lucha en México contra la corrupción y el influyentismo, problemas arraigados que desafían al sistema de justicia y al Estado de derecho.

La FGR se prepara ahora para lo que parece ser una larga batalla legal, en su esfuerzo por demostrar la ilegalidad de la concesión y asegurar que se respeten los derechos de la nación sobre sus propios bienes. Mientras tanto, la decisión del juez deja en el aire preguntas críticas sobre la transparencia, la legalidad y la ética en la gestión de los recursos y las concesiones en México.