Llaman a legalizar el aborto en el Estado de México: HRW denuncia obstáculos graves

Human Rights Watch (HRW) ha puesto en evidencia la alarmante situación que enfrentan las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en el Estado de México al intentar acceder a servicios de aborto, incluso cuando la ley lo permite. A pesar de las disposiciones legales vigentes, una serie de barreras impiden que estas personas reciban la atención adecuada, perpetuando una crisis de derechos reproductivos en una de las entidades más pobladas del país.

Negación y retraso en los servicios de salud

Uno de los principales problemas documentados por HRW es la negativa o el retraso en la prestación de servicios de aborto por parte de los proveedores de salud. El personal médico, de enfermería y psicología de varios hospitales ha reportado casos de maltrato hacia las usuarias, quienes a menudo son sometidas a cuestionamientos invasivos y comentarios estigmatizantes. Estos incidentes generan un entorno hostil, que empuja a muchas personas a abandonar los hospitales sin recibir la atención que necesitan, dejándolas en una situación de vulnerabilidad aún mayor.

Imposición de requisitos arbitrarios

A pesar de que la legislación estatal no exige que las sobrevivientes de violencia sexual denuncien sus casos para acceder a un aborto, ciertos proveedores de salud imponen este requisito arbitrario. Esta práctica no solo contradice la ley, sino que revictimiza a las personas afectadas, quienes ya enfrentan un proceso emocionalmente devastador.

El temor a la criminalización

El Código Penal del Estado de México incluye el delito de aborto, lo que genera un clima de temor que afecta tanto a las personas que necesitan interrumpir su embarazo como al personal médico. Muchas mujeres y adolescentes temen buscar información sobre cómo realizar un aborto legal por miedo a ser criminalizadas. Este miedo también inhibe a los profesionales de la salud, quienes se ven disuadidos de prestar estos servicios ante el temor de posibles repercusiones legales.

Falta de personal capacitado

La escasez de profesionales de la salud dispuestos a realizar abortos y la frecuente objeción de conciencia agravan la situación. Estos factores provocan demoras inaceptables en la atención médica, lo que es particularmente crítico en situaciones donde el tiempo juega un papel decisivo en la seguridad del procedimiento.

Las consecuencias devastadoras para las personas gestantes

Debido a estas barreras, miles de personas en el Estado de México se ven forzadas a viajar a la Ciudad de México, donde el aborto es legal sin restricciones hasta las 12 semanas de gestación. Desde la despenalización en 2007, más de 72,000 mujeres y personas gestantes del Estado de México han tenido que desplazarse a la capital para recibir estos servicios.

En un estado donde la violencia de género y los feminicidios son un problema grave, las restricciones al acceso al aborto no hacen más que aumentar la discriminación y vulnerabilidad de las mujeres y niñas.

Llamado urgente para garantizar el acceso

Human Rights Watch ha instado al Gobierno mexicano a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal y a eliminar las barreras sociales y legales que obstaculizan el acceso a servicios de aborto seguros en todo el país. La organización recordó que el Congreso de la Unión tiene como plazo el término de 2023 para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exige la eliminación de la prohibición del aborto a nivel federal.

En conclusión, HRW destacó que los obstáculos significativos para acceder al aborto legal en el Estado de México están profundamente arraigados en prejuicios y estereotipos de género. La despenalización total del aborto es esencial para avanzar hacia la equidad de género en la entidad y garantizar los derechos reproductivos de todas las personas.