¿Qué impacto tendrá la desaparición de órganos autónomos en México?
¡Alerta! La eliminación de órganos autónomos como el INAI, IFT y Cofece pone en riesgo la transparencia y competencia en México. ¿Estamos retrocediendo en democracia?
CDMX 24 de agosto, 2024.- La reciente aprobación de una reforma a la Constitución por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha provocado una fuerte reacción entre los órganos autónomos de México. Esta reforma, promovida por diputados de Morena y sus aliados, propone la extinción de siete organismos clave, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Las funciones de estos entes pasarán a ser gestionadas por distintas Secretarías del Estado y el Inegi.
Reacciones de los Órganos Autónomos
Los organismos afectados han expresado su preocupación ante esta medida, advirtiendo que representa un grave retroceso para la democracia y los derechos ciudadanos en México.
INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se pronunció en contra de la reforma, destacando que “afectaría la calidad de la vida pública y la confianza ciudadana en las instituciones”. Además, hizo un llamado urgente a dialogar sobre las implicaciones de esta decisión que, según ellos, «afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en nuestro país».
IFT: Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señaló que la reforma implica regresar a un modelo anterior a 2013, que ya había demostrado ser ineficiente para asegurar el acceso a mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. El IFT destacó que bajo el modelo anterior, las decisiones reguladoras estaban a merced del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que podría resultar en una toma de decisiones más influenciada por intereses políticos que técnicos.
Cofece: La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) también manifestó su preocupación, señalando que la desaparición del organismo podría afectar la competencia justa y el desarrollo económico en México. Según la Cofece, es vital mantener un marco que garantice la libre competencia, proteja a las micro, pequeñas y medianas empresas y atraiga inversiones.
Detalles de la Reforma
La reforma aprobada propone la eliminación de los siguientes organismos autónomos:
INAI: Las funciones relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, el Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión.
Coneval: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, responsable de la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales, verá sus funciones transferidas al INEGI.
IFT y Cofece: Las funciones de regulación en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica pasarán a ser gestionadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes y la Secretaría de Economía, respectivamente.
CNH y CRE: Los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, verán sus funciones centralizadas en la Secretaría de Energía.
MEJORADU: La Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación también será eliminada.
La propuesta de reforma argumenta que la extinción de estos entes públicos generará ahorros significativos, que se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se aclara que los derechos laborales de los trabajadores de estos organismos serán respetados conforme a la ley vigente.
Sin embargo, críticos de la reforma, incluidos varios legisladores y expertos, consideran que esta medida centraliza el poder en el Ejecutivo Federal y elimina importantes contrapesos democráticos. Advierten que la desaparición de estos organismos podría erosionar la transparencia, disminuir la competencia justa y reducir la calidad de vida de los ciudadanos al restringir el acceso a servicios públicos esenciales.
