Suspenden a Coordinador de la Universidad de la Policía de la CDMX por Denuncia de Agresión a una Cadete

El director de la Escuela de Policías Miguel Sandoval Arvizu compartió que estos primeros cursos se impartieron hace cuatro meses

En un acto contundente contra la violencia institucional, un coordinador de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México ha sido suspendido tras ser acusado de agredir a una cadete. La denuncia, que fue presentada recientemente, ha encendido las alarmas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual ha subrayado que no tolerará ningún tipo de violencia en sus academias de formación.

Este incidente ocurre en medio de un escrutinio creciente sobre el manejo de casos de violencia dentro de las fuerzas de seguridad. Ante esto, las autoridades de la SSC han respondido con firmeza, iniciando de inmediato una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes en caso de que se confirme la agresión.

La Universidad de la Policía, institución clave para la formación de futuros elementos de seguridad, enfrenta el desafío de asegurar un entorno seguro y respetuoso para sus cadetes. Este caso subraya la importancia de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante cualquier comportamiento violento dentro de las academias policiales, con el fin de garantizar la integridad física y psicológica de los aspirantes a formar parte de las fuerzas del orden.

Las autoridades han hecho hincapié en que se mantendrá un seguimiento cercano del caso y que se tomarán las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan, reiterando su compromiso con la construcción de un cuerpo de seguridad basado en el respeto y la ética profesional.

Este caso pone sobre la mesa una discusión urgente sobre la cultura dentro de las academias policiales y la necesidad de reformas profundas para erradicar cualquier forma de violencia que pueda comprometer el objetivo fundamental de estas instituciones: la preparación de elementos dedicados a proteger a la ciudadanía bajo los principios de legalidad y derechos humanos.