Reforma judicial genera crisis constitucional, según Magistrada Molina

CDMX a 24 de septiembre, 2024.- La magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ), advirtió que la reciente reforma judicial ha desencadenado una crisis constitucional sin precedentes en México. Durante una entrevista en Aristegui En Vivo, Molina afirmó que los Poderes Legislativo y Ejecutivo han desacatado suspensiones de amparo dictadas por el Poder Judicial, lo que representa un delito federal de acuerdo con la Ley de Amparo vigente.

Molina explicó que el Poder Judicial emitió varias suspensiones dirigidas a la Cámara de Diputados, el Senado, el Presidente de la República y los congresos estatales. Sin embargo, estas suspensiones no fueron respetadas, permitiendo que la reforma judicial fuera aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que generó un incumplimiento constitucional.

La magistrada destacó que este desacato a las suspensiones de amparo pone en jaque la legalidad de los juicios de amparo que aún están en curso, generando un ambiente de incertidumbre jurídica. «Lo que está en juego es la democracia en nuestro país», afirmó, subrayando que la violación de estas suspensiones podría afectar gravemente el sistema de justicia mexicano.

Uno de los puntos más críticos de la reforma, según Molina, es la afectación directa a los derechos laborales de los jueces y magistrados. Aunque la reforma asegura que los derechos laborales serán respetados, la magistrada denunció que se ha ignorado el principio de inamovilidad, un derecho fundamental para garantizar la independencia judicial.

La reforma también permite la remoción de personal de confianza, como secretarios y personal administrativo, lo que deja a miles de trabajadores del Poder Judicial en una situación de vulnerabilidad laboral. Además, la falta de claridad en cuanto a las prestaciones y salarios podría generar conflictos, como secretarios ganando más que jueces.

Molina expresó su preocupación por el debilitamiento de la independencia judicial, afirmando que la reforma afecta gravemente la capacidad de los jueces para actuar sin interferencias del gobierno. Esto, señaló, pone en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos, ya que los jueces podrían enfrentar sanciones o despidos si no se alinean con los intereses gubernamentales.

Uno de los mayores peligros, según la magistrada, es la creación de un Tribunal de Disciplina, que tendría la facultad de destituir a jueces y magistrados. Este órgano, que responde a los intereses del Ejecutivo, podría ejercer presión sobre los jueces para evitar fallos que contravengan las políticas del gobierno, lo que erosionaría la separación de poderes y pondría en riesgo la democracia.

La magistrada también resaltó el impacto negativo que esta reforma tendría en la justicia con perspectiva de género. Señaló que la interpretación literal de las normas ignora las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres, lo que podría generar decisiones judiciales que no consideren los contextos de violencia y vulnerabilidad que sufren muchas mujeres en México.

Molina fue clara al afirmar que México enfrenta una crisis constitucional. El desacato de las suspensiones de amparo por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo ha desatado un conflicto que pone en duda la estabilidad del sistema judicial del país. Según la magistrada, este escenario no solo vulnera los derechos laborales de jueces y magistrados, sino que también amenaza el equilibrio de poderes y la democracia misma.