SCJN fija fecha para debatir proyecto que podría frenar la reforma judicial
La SCJN debatirá el 5 de noviembre el proyecto que podría modificar la reforma judicial.
CDMX a 29 de octubre, 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fijado el 5 de noviembre como la fecha para discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual podría anular la elección popular de jueces y magistrados, uno de los puntos más polémicos de la reforma judicial impulsada en México. Este proyecto, en medio de una serie de acciones de inconstitucionalidad, busca redefinir aspectos claves del Poder Judicial que han dividido opiniones y generado intensos debates tanto en el ámbito político como judicial.
El ministro González Alcántara propone que la SCJN avale ciertos puntos de la reforma, como la elección de ministros y la extinción de fideicomisos, así como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, plantea anular la elección popular de jueces y magistrados, así como la figura de los «jueces sin rostro», que busca proteger la identidad de jueces en casos sensibles, debido a los riesgos de seguridad que enfrentan.
En su proyecto, González Alcántara también sugiere medidas de austeridad y transparencia, tales como la eliminación de fondos especiales del Poder Judicial y la evaluación de desempeño de jueces desde el primer año en funciones. No obstante, se opone a los recortes salariales y a la «remoción masiva» de jueces en funciones, argumentando que estas medidas podrían afectar la independencia judicial.
La propuesta ha generado reacciones divididas, incluyendo la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado su desacuerdo con algunos puntos del proyecto, considerando que la Corte no debe asumir un rol legislativo. Según Sheinbaum, la propuesta responde a amparos promovidos por actores políticos sin legitimidad jurídica, incluidos partidos.
Este debate promete ser crucial no solo para el futuro del Poder Judicial, sino también para la configuración de un sistema que equilibre la independencia de jueces con las demandas de transparencia y eficiencia en el servicio público.
