Alcaldesa de San Nicolás renuncia por inseguridad en Guerrero
La violencia obliga a autoridades a abandonar sus cargos, dejando a comunidades vulnerables.
La violencia en Guerrero ha alcanzado niveles alarmantes, provocando la renuncia de varios funcionarios municipales debido a amenazas directas. Tarsila Molina Guzmán, alcaldesa de San Nicolás, anunció su separación del cargo tras recibir intimidaciones. Esta decisión se suma a las de Hildeberto Salinas Mariche, alcalde de Cuajinicuilapa, y la síndica Stephani Oliva Zárate, quienes también dejaron sus puestos por motivos de seguridad.
Alejandro Carabias Icaza, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó que Molina Guzmán solicitó licencia al Congreso local debido a las amenazas recibidas. Asimismo, Carabias destacó la preocupante situación en la Costa Chica, donde la violencia ha obligado a autoridades municipales a abandonar sus responsabilidades.
En Cuajinicuilapa, la situación es crítica. Tras la renuncia de Salinas Mariche y Oliva Zárate, el municipio carece de autoridades que despachen en el ayuntamiento. Además, el secretario de Finanzas, Roberto Avelino Vargas, renunció después de que hombres armados incendiaron su casa y automóvil el 12 de octubre.
La violencia no se limita a estos municipios. En la Costa Grande, enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas de seguridad han dejado un saldo de 25 muertos, según datos oficiales. Alejandro Bravo Abarca, dirigente estatal del PRI, expresó su preocupación por la inseguridad en Tecpan de Galeana, San Jerónimo de Juárez y Atoyac de Álvarez, donde la ciudadanía vive aterrorizada.
A casi un mes del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, la Fiscalía General del Estado no ha presentado avances en la investigación. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que Arcos se dirigía sin escoltas a una reunión en la comunidad de Tepechicotlán cuando fue asesinado.
La situación en Guerrero refleja una crisis de seguridad que afecta directamente a las autoridades locales, quienes, ante las amenazas, se ven obligadas a abandonar sus cargos, dejando a sus comunidades en una situación de vulnerabilidad y desamparo.
