Acciones contra el Contrabando: Congreso Respaldó Operativo en Izazaga 89

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El Congreso de la Ciudad de México respaldó el operativo contra el comercio ilegal en Izazaga 89, llamando a las autoridades a fortalecer las acciones de seguridad y protección de migrantes, especialmente de origen asiático. También se propuso una mesa de trabajo para abordar la venta de mercancía ilegal y sus consecuencias económicas.

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El Congreso de la Ciudad de México expresó su respaldo al operativo realizado en el centro capitalino, específicamente en la plaza ubicada en Izazaga 89, que tiene como objetivo combatir el comercio ilegal y proteger a la comunidad migrante. Este respaldo fue acompañado de un llamado a las autoridades federales para continuar con las acciones de seguridad, protección y bienestar de las personas migrantes, especialmente aquellas de origen asiático.

En el marco de este operativo, el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) destacó que la lucha contra el comercio ilegal es esencial para salvaguardar la economía de la ciudad. Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para mantener una estrecha coordinación con las autoridades locales, incluyendo las alcaldías y otras dependencias de seguridad pública, con el fin de frenar prácticas como el contrabando, la extorsión y la venta de productos piratas.

Además, el Congreso aprobó una proposición que solicita a la Secretaría de Economía convocar a una mesa de trabajo para abordar la problemática del comercio ilegal. A esta mesa se invita a participar a diversas entidades, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y las cámaras industriales y comerciales, con el objetivo de generar soluciones conjuntas que fortalezcan la lucha contra este fenómeno que afecta tanto a la economía formal como a la seguridad de la población.

Con estas medidas, se busca no solo combatir el comercio ilegal, sino también crear un marco de trabajo que proteja a las personas migrantes y garantice su seguridad en un entorno económico y social más justo.

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