Tecnología y explotación: la impunidad en el caso Diego ‘N'»
El Congreso de la Ciudad de México pidió al juez Francisco Salazar Silva validar las pruebas en el caso de Diego “N”, estudiante del IPN detenido por poseer y distribuir contenido sexual digital sin el consentimiento de sus compañeras. La decisión de absolver parcialmente al acusado ha sido considerada un grave retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres, ya que abre la puerta a la impunidad en crímenes digitales. La diputada Tania Nanette Larios exige justicia y la aplicación irrestricta de la Ley Olimpia.
El Congreso de la Ciudad de México emitió un enérgico exhorto al juez Francisco Salazar Silva para que valide las pruebas del caso de Diego “N”, el estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) detenido por posesión y distribución de fotografías íntimas de compañeras de clase, algunas reales y otras manipuladas con inteligencia artificial, que utilizaba con fines de explotación sexual digital.
En un llamado claro a anteponer los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual digital, la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) recordó que el 6 de octubre de 2023, el joven fue detenido tras ser encontrado en posesión de un iPad que contenía más de 160 mil imágenes y 2 mil videos de contenido sexual, incluidos materiales manipulados sin el consentimiento de las víctimas. Estas imágenes fueron extraídas de compañeras de clase y otras creadas digitalmente para fines de explotación. Ocho mujeres se presentaron formalmente como víctimas y denunciaron a Diego “N” ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusándolo de violación a la intimidad sexual.
Sin embargo, tras su detención, el joven fue liberado a las 48 horas, sin que se aplicaran medidas cautelares que evitaran su fuga. Ante esta decisión, las víctimas, apoyadas por organizaciones como la activista Olimpia Coral, lograron la reanudación del proceso judicial, y el 26 de octubre, Diego “N” fue detenido nuevamente y actualmente se encuentra en el Reclusorio Oriente.
En un giro preocupante, el 4 de diciembre, el juez Francisco Salazar Silva dictó una absolución parcial, argumentando la falta de pruebas contundentes para demostrar que Diego “N” había editado las imágenes con inteligencia artificial para comercializarlas. Esta decisión fue interpretada por la diputada Larios Pérez como un grave retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres y como un obstáculo más para erradicar la impunidad en casos de crímenes de género en México.
Larios Pérez destacó que, aunque el juez desestimó parte de las acusaciones, aún quedan seis casos pendientes en su contra, además de una acusación por trata de personas relacionada con material fotográfico de menores. Subrayó que, a pesar de la absolución parcial, el joven permanecerá en prisión hasta que se resuelvan todas las acusaciones, pero lamentó que la justicia, en este caso, haya fallado a favor del agresor.
“Con esta decisión, el juez ha sentado un precedente histórico de negligencia, opacidad, complicidad e impunidad”, expresó la legisladora, advirtiendo que el fallo abre la puerta a que más agresores usen la tecnología como una herramienta de opresión. “Al mismo tiempo, le cierra la puerta a la justicia para las ocho estudiantes valientes que siguen luchando por que este crimen no quede impune”, añadió.
La violencia sexual digital, que incluye la distribución no consensuada de imágenes íntimas, se ha convertido en una preocupación creciente a nivel global, y casos como el de Diego “N” resaltan la urgente necesidad de aplicar la Ley Olimpia con firmeza, protegiendo a las víctimas y erradicando la impunidad.
