La SCJN: Garante del Estado de Derecho y los Derechos Humanos
En México, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales son pilares fundamentales de la sociedad. El respeto a la ley y a las normas jurídicas garantiza un gobierno transparente y responsable, promoviendo así el desarrollo y la justicia para todos los ciudadanos.
El Estado de Derecho implica que todas las personas, desde el Presidente de la República, incluyendo legisladores y encargados de hacer cumplir la ley, están sujetas a las normas establecidas. Un componente clave de este concepto es el principio de legalidad, el cual establece que tanto el Estado en general como la sociedad en particular deben regirse por las leyes y normas jurídicas.
En el marco de la Constitución mexicana, se establece que las leyes del Congreso de la Unión, así como los tratados internacionales ratificados por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la nación. Esto asegura que las normas y los acuerdos internacionales estén en armonía con la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel fundamental en la protección del Estado de Derecho en México. Como tribunal municipal constitucional, la SCJN tiene la responsabilidad de garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes en el país.
La SCJN no solo tiene la facultad de resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, sino también de interpretar la Constitución y las leyes federales. Esta capacidad le otorga la responsabilidad de pronunciarse sobre asuntos relacionados con los derechos humanos y asegurar su protección.
Además, la SCJN desempeña un papel esencial en la defensa de los derechos humanos y en la verificación de que las leyes y políticas públicas se ajusten a los estándares internacionales en esta materia. Al asegurar la coherencia entre el marco jurídico mexicano y los estándares internacionales, la SCJN contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En resumen, la Suprema Corte de Justicia de México cumple un rol fundamental en la protección del Estado de Derecho. Como máximo tribunal constitucional, garantiza la aplicación de la Constitución y las leyes, resuelve controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, e interpreta las leyes federales. Además, vela por la protección de los derechos humanos y la armonización del marco jurídico con los estándares internacionales. La SCJN se convierte así en un pilar indispensable para la preservación de un sistema legal justo y equitativo en México.
