Desafíos económicos para el próximo gobernador de Coahuila tras la administración de Riquelme

Ciudad de México a 2 de agosto de 2023.- La gestión de Miguel Ángel Riquelme Solís como gobernador de Coahuila finalizará en noviembre, pero su sucesor deberá enfrentar un desastre económico ocasionado por un mal manejo de las finanzas estatales y la corrupción.

Con el objetivo de combatir la corrupción y promover la transparencia en el manejo de los fondos públicos, la Auditoría Superior de Coahuila (ASEC) presentó un total de 63 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción durante el segundo semestre del año 2022. Estas denuncias están vinculadas con presuntas irregularidades detectadas en los ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019 y 2020.

Dentro de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, se estipulan en los artículos 70 al 74, medidas sancionadoras aplicables a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves, entre ellas se encuentran la suspensión por un período de hasta 90 días, la destitución, sanciones de carácter económico y la inhabilitación.

Según los hallazgos de Reporte Índigo, en el periodo de 2013 a 2022, la Auditoría Superior inició más de 430 denuncias penales tras llevar a cabo la revisión de las cuentas públicas.

Durante el año 2022, se impusieron un total de 16 multas debido al incumplimiento de los requerimientos de información establecidos por la Auditoría, así como a la falta de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.

Sin embargo, la problemática se intensificó en el primer trimestre del 2023 cuando el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera reveló una situación crítica. Los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se vieron severamente afectados por la falta de liquidez, lo que les dificultó cumplir con sus compromisos financieros de manera adecuada.

“Al 31 de marzo de 2023, en término globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, indica dicho informe.

El informe reveló que de los 146 entes que conforman el estado de Coahuila, se excluyeron nueve de ellos. Entre los entes omitidos, se destacan el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, ambos en proceso de extinción.

Adicionalmente, también se dejó de evaluar al Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, el Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el Instituto Municipal de Emprendimiento de Torreón.

La situación relativa a la gestión financiera de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura se encuentra en el centro de la preocupación. Hasta la fecha, no se presentaron avances significativos en este ámbito, lo que podría resultar en consecuencias legales debido a las disposiciones establecidas en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Adicionalmente, un tema que generó inquietud es la falta de justificación y comprobación de una suma considerable: 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos en manos del gobierno de Riquelme. La próxima rendición de cuentas del mandatario ante el Poder Legislativo en noviembre aporta mayor interés a la situación, al considerar el historial de protección que recibió por parte de este órgano.

En medio de las alegaciones de irregularidades y denuncias, la mayoría priista frustró cualquier intento de llevar el tema al Congreso, mientras Miguel Ángel Riquelme está próximo a dejar su cargo.