Piden en el Senado de la República visibilizar labor de cuidadoras en casas hogar
El grito de alerta se ha dado: México debe reconocer y proteger a sus cuidadores. Las cifras y testimonios revelan una deuda pendiente en políticas públicas. ¿Será este el momento de cambio? #CuidadoresEnFoco #MéxicoReconoce #JusticiaParaCuidadores 🇲🇽🏠👩⚕️.
CDMX a 20 de septiembre, 2023.- La lucha por el reconocimiento y la legalización del trabajo de las personas cuidadoras en México ha tomado un nuevo rumbo tras la reunión de senadores, investigadoras y académicas en el foro titulado “La invisibilidad de los cuidados. La paradoja de quienes cuidan a niñas, niños y adolescentes en casas hogar”.
Gilberto Herrera Ruiz, senador por Morena, enfatizó la necesidad imperativa de otorgar respaldo legal y remuneración económica a quienes se dedican a esta labor altruista. Aseguró que esta no es solo una cuestión de gastos, sino un acto de justicia social, especialmente cuando México ha intensificado programas sociales para adultos mayores, pero ha relegado este tema crucial.
Acompañando la preocupación del senador, la Universidad Autónoma de Querétaro presentó resultados de una investigación, liderada por Amanda Hernández Pérez, realizada en colaboración con ONU-Mujeres, el Consejo Latinoamericano y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta investigación busca cambiar la percepción del cuidado institucionalizado de ser una mera caridad a un enfoque basado en el bienestar y derechos.
Por otro lado, Lorena Erika Osorio Franco resaltó la alarmante cifra de que 8 de cada 10 cuidadores remunerados en México son mujeres que enfrentan condiciones laborales precarias y salarios insuficientes. Además, de las 879 casas hogar en México, un 86% opera bajo el cuidado de asociaciones civiles o entidades privadas, evidenciando la ausencia y deslinde de responsabilidad por parte del Estado en numerosos casos.
Esta desconexión del Estado es aún más notoria cuando se considera que el 84% de estas casas dependen mayormente de donativos y no de financiamiento estatal directo.
El panorama se complica al considerar que en América Latina y el Caribe residen alrededor de 240 mil menores en estas instituciones, pero la información sobre sus cuidadores, su formación y derechos laborales sigue siendo un misterio.
