Políticas públicas en Ciberseguridad en México: un enfoque que deja mucho que desear

La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación global en la era digital, pero en el caso de México, parece que este tema aún no recibe la atención prioritaria que merece. Según el Índice Global de Ciberseguridad (ICG), nuestro país se encuentra rezagado en este aspecto, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad en línea de sus ciudadanos y organizaciones.

Las regulaciones y esfuerzos del Estado Mexicano en materia de ciberseguridad, junto con el presupuesto asignado, todavía no abordan de manera completa ni eficaz las necesidades reales del país en este ámbito. Esto significa que existen brechas significativas en la protección contra las amenazas cibernéticas que pueden poner en riesgo tanto la información personal como la infraestructura crítica.

Incluso, un informe de El Universal destaca las preocupaciones expresadas por el director de ciberseguridad de Microsoft México, quien ha señalado que la estrategia nacional de ciberseguridad no está optimizada y no se considera una prioridad. Esto es un llamado de atención, ya que una estrategia nacional sólida en ciberseguridad es esencial para salvaguardar los datos y la privacidad de los ciudadanos, así como para proteger las operaciones críticas de las empresas y el gobierno.

Las amenazas cibernéticas no conocen fronteras y pueden tener un impacto significativo en la economía, la seguridad nacional y la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, es fundamental que México fortalezca sus políticas públicas en ciberseguridad y las adecúe a las demandas de la era digital en la que vivimos. Esto incluye la inversión en tecnologías de seguridad, la capacitación de profesionales en ciberseguridad y la promoción de una cultura de conciencia cibernética entre la población.

La ciberseguridad no es un problema que debamos tomar a la ligera, y es hora de que el gobierno y las instituciones mexicanas den un paso al frente y tomen medidas concretas para abordar esta creciente amenaza. La seguridad en línea es un derecho de todos los ciudadanos, y es responsabilidad del Estado garantizarla de manera efectiva.