López Obrador denuncia corrupción en el Poder Judicial: Amparos polémicos desatan la controversia

Ciudad de México, 4 de octubre de 2023. – En una reciente declaración, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mira la integridad del Poder Judicial, tras la decisión de un juez y tres magistrados de negar una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, por alegaciones de enriquecimiento ilícito. Esta decisión resalta preocupaciones continuas sobre la imparcialidad y posible corrupción dentro del sistema judicial mexicano.

El mandatario subrayó la urgencia de abordar estas preocupaciones, afirmando que este es solo un ejemplo de que el Poder Judicial «está podrido». Mientras reconocía que existen excepciones entre los jueces y magistrados, López Obrador señaló que la norma predominante es que el Poder Judicial está influenciado por intereses económicos y políticos.

La cuestión de García Luna no es un incidente aislado. El presidente recordó que previamente el sistema judicial había concedido un amparo a García Luna, descongelando sus cuentas bancarias. Lo que incrementa la sospecha sobre posibles conexiones internas es la reciente contratación, por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de un individuo con lazos cercanos a García Luna.

Otro caso polémico es el del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. Se le concedió un amparo definitivo para no ser referido como «torturador». Zerón de Lucio ha sido apuntado como el principal instigador de la controvertida «verdad histórica» del caso Ayotzinapa y se le atribuye la tortura a varios detenidos. Actualmente, elude a la justicia mexicana, encontrándose en Israel.

Ante tales eventos, López Obrador reitera la necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial. Propone una intervención que involucre a la población mexicana en la elección de jueces, magistrados y ministros, y plantea que para lograr un cambio real es esencial obtener una mayoría calificada en el Congreso, la cual permita una reforma constitucional que transforme el sistema judicial, abordando la corrupción y restaurando la confianza del público en la justicia.