Suspensión Judicial contra la eliminación de Fideicomisos del PJF por más de 15 mil millones de pesos
Jueza Federal Otorga Medida Cautelar a Favor del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial
Ciudad de México, 13 de diciembre de 2023 – En un importante revés para la reciente reforma judicial, un juez federal en la Ciudad de México ha concedido una suspensión definitiva a favor de Jesús Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), contra la eliminación de 13 fideicomisos del PJF que suman más de 15 mil millones de pesos.
La medida cautelar, dictada por la jueza Blanca Alicia Ochoa Hernández, suspende todas las consecuencias del decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, así como varios artículos transitorios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023. Esta suspensión incluye la prohibición de entregar los fondos y recursos remanentes de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación y el uso de estos recursos para atender los daños causados por el huracán Otis en Guerrero.
El fallo de la jueza Ochoa Hernández se suma a otras medidas cautelares otorgadas por jueces federales a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF y a la magistrada María del Carmen Cordero Martínez, que también buscan frenar la implementación de dicha reforma.
Sin embargo, el gobierno federal tiene la opción de impugnar esta decisión. Si esto ocurre, el caso será turnado a un tribunal colegiado, el cual tendrá la responsabilidad de confirmar, modificar o revocar la resolución de primera instancia.
Este desarrollo representa un choque significativo entre el poder judicial y el ejecutivo, evidenciando la complejidad y la sensibilidad de las reformas judiciales en México. La decisión de suspender la eliminación de los fideicomisos del PJF resalta las tensiones en torno a la gestión y destino de fondos públicos, así como el balance de poder entre diferentes ramas del gobierno. La resolución final de este caso será fundamental para entender el futuro del sistema judicial mexicano y su relación con la administración actual.
