Iniciativa de Reforma al Código Penal Federal busca combatir la violencia por discriminación y prejuicio
Ciudad de México, 05 de enero de 2024.- La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, está impulsando una reforma significativa al Código Penal Federal con el objetivo de endurecer las sanciones para los delitos de odio en México. Estos delitos, que se manifiestan principalmente en base a la preferencia sexual y el género, pero también por motivos de edad, religión, raza y etnia, han sido una preocupación creciente en el país.
La propuesta de reforma, que se espera sea discutida y aprobada en el período ordinario de sesiones a partir del próximo primero de febrero, forma parte de una agenda más amplia para erradicar todo tipo de violencia. Como ministra en retiro, Sánchez Cordero subraya la obligación del Estado de actuar con respeto a la diversidad y en contra de la discriminación.
La reforma propuesta plantea un incremento en las penas para los delitos de odio, sugiriendo que estas se aumenten en un tercio más de lo estipulado para el delito correspondiente, y en un 50% adicional si el agresor es un servidor público en activo. Además, se considerará una violación de los deberes de humanidad cuando el delito se cometa con la intención de destruir, total o parcialmente, a grupos por características como raza, religión o diversidad sexual.
La senadora de Morena resalta la preocupación por la violencia y los comportamientos antisociales hacia las distintas expresiones de la sexualidad humana. A pesar de su visibilidad, los llamados “crímenes de odio” todavía enfrentan una alta tolerancia social, poniendo en riesgo la integridad y la vida de las personas por su orientación o identidad sexual.
Según datos de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, en México, durante el año 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, presumiblemente relacionadas con su orientación e identidad sexual. Ante esta situación, la senadora enfatiza la necesidad de fortalecer una agenda legislativa contra los homicidios de personas pertenecientes a esta comunidad, que se han registrado en al menos 24 entidades federativas, principalmente en Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México.
“Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación, así como a entornos de protección institucional que inhiban comportamientos que atenten contra su integridad”, reiteró Sánchez Cordero. Esta reforma representa un paso crucial en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la discriminación en México.
