Publica Samuel García decreto sobre transferencia de UIFE a FGJ de NL
Bajo mandato de la Suprema Corte, la Fiscalía General de Nuevo León asumirá el control de la UIFE, marcando un antes y un después en la gestión de inteligencia financiera estatal
Monterrey, Nuevo León, 13 de febrero de 2024. – El gobernador Samuel García Sepúlveda ha publicado el decreto que transfiere la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Tesorería estatal a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Este cambio, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras una controversia constitucional presentada por el Poder Legislativo, se oficializó en el Periódico Oficial del Estado, marcando un hito en la estructura gubernamental de Nuevo León.
La decisión responde a largas disputas y señalamientos de uso político de la UIFE bajo la administración del mandatario emecista, con acusaciones de presiones y amenazas a rivales políticos. Ante estas circunstancias, diputados locales del PRI y PAN, dominantes en el Congreso, propusieron hace año y medio esta reubicación, buscando una mayor autonomía y objetividad en las operaciones de la unidad.
Con la reforma, la UIFE se convierte en una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, cuyo titular será designado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, un órgano que, aunque pretende ser autónomo, ha estado bajo influencia de partidos opositores al gobernador. Se establece un plazo de 60 días naturales para la designación del nuevo titular y 90 días para la implementación de las reformas necesarias para su funcionamiento.
Este cambio estructural no solo modifica la jerarquía administrativa de la UIFE sino que también representa un cambio en la dinámica de poder dentro del estado, particularmente en el contexto de las acusaciones de manipulación política. La administración estatal ya ha anunciado planes para interponer una controversia, argumentando una invasión a las facultades del Ejecutivo, lo que anticipa futuras batallas legales.
La publicación del decreto, realizada justamente antes de la resolución de la Corte sobre controversias relacionadas y una petición de juicio político contra el gobernador, sugiere un momento crítico para la gobernanza de Nuevo León, con implicaciones que van más allá del ámbito financiero y tocan el corazón mismo del sistema político y judicial del estado.
