TEPJF respaldará propuesta de magistrado para ampliar plazo para actualizar credencial de elector
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se prepara para avalar la conclusión del plazo para actualizar la credencial de elector, según la propuesta presentada por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Esta medida surge tras la negativa de la Sala Regional Monterrey de tramitar una solicitud extemporánea de actualización de datos.
El caso en cuestión involucra a una persona que intentó actualizar su credencial por cambio de domicilio cuatro días después del plazo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE), el 22 de enero pasado. La funcionaria del INE argumentó que la solicitud era improcedente debido a su presentación fuera del plazo fijado en el acuerdo INE/CG433/2023.
La propuesta del magistrado Fuentes Barrera respalda la decisión del INE y de la Sala Regional Monterrey, pues destaca que la fecha límite fue razonable y constitucional, sin vulnerar los derechos fundamentales de la persona afectada.
El proyecto de resolución subraya que el acuerdo del INE garantiza la certeza del padrón electoral, cumpliendo con los fines constitucionales de la participación ciudadana en el proceso electoral. Además, resalta que la solicitud impugnada no busca evidenciar exclusión del padrón electoral, sino cuestionar la fecha límite, la cual se considera adecuada para garantizar la certeza y organización de los procesos electorales.
El magistrado enfatizó que la fecha establecida por el INE no contraviene la Constitución, ya que el instituto tiene la facultad de ajustar plazos para asegurar el cumplimiento de actividades electorales.
Por otro lado, el acuerdo INE/CG433/2023 amplió las fechas para trámites, otorgando a los ciudadanos un periodo mayor para inscribirse o actualizar sus datos en el Padrón Electoral y obtener su credencial para votar.
De ser aprobado el proyecto del magistrado Fuentes Barrera, la Sala Superior del TEPJF confirmará que la fecha límite establecida por el INE cumplió con fines constitucionalmente válidos, lo que aseguraría la preparación y organización eficientes de los procesos electorales.
