AMLO denuncia corrupción en el Poder Judicial tras libertad condicional de Emilio Lozoya

CDMX a 21 de febrero, 2024.- En un viraje sorpresivo y controversia en el panorama político y judicial de México, la liberación de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ha desencadenado una ola de críticas y acusaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial. Tras dos años de reclusión, la decisión de revocar la prisión preventiva a Lozoya, implicado en el caso Odebrecht, ha provocado que el mandatario nacional lance severas críticas hacia lo que considera una evidente corrupción y parcialidad dentro del sistema judicial mexicano.

Durante su habitual conferencia mañanera, López Obrador no se contuvo al expresar su descontento, señalando directamente a jueces, magistrados y ministros por favorecer, según sus palabras, a «presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado». Esta situación, según el presidente, refleja una lucha perdida contra un Poder Judicial que, a su juicio, actúa en contra de los intereses de su gobierno y, por ende, del pueblo mexicano.

El mandatario enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) intervendrá para impugnar la resolución, aunque subrayó la persistente frustración que representa enfrentarse a un sistema que percibe como adverso y corrupto. La crítica no se detuvo en el caso de Lozoya; AMLO extendió su reproche hacia decisiones previas que, en su opinión, han protegido intereses empresariales en detrimento de iniciativas gubernamentales, como la Ley de Industria Eléctrica, bloqueada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este episodio no solo pone de relieve la tensión existente entre los poderes ejecutivo y judicial en México, sino que también subraya la compleja red de corrupción y los desafíos en la lucha contra la impunidad en uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la historia reciente del país. Con la mirada de la opinión pública nacional e internacional puesta en este desenlace, queda en evidencia la urgente necesidad de una reforma judicial que restablezca la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.