INE alerta sobre creciente financiamiento ilícito en elecciones 2024

INE alerta sobre el riesgo de lavado de dinero en las elecciones 2024. La consejera Carla Humphrey pide reformas urgentes para asegurar la integridad del proceso electoral.

INE

CDMX a 30 de marzo, 2024.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, ha encendido las alarmas sobre un posible aumento en las actividades de lavado de dinero y otras formas de delincuencia financiera en el marco de las campañas electorales para las elecciones de 2024. Este anuncio, realizado durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE el pasado 28 de marzo, pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar la integridad del proceso electoral mexicano.

 

Humphrey ha señalado una serie de irregularidades en los reportes de fiscalización de partidos y candidatos, evidenciando una falta de medidas efectivas para contrarrestar el flujo de recursos ilícitos en las campañas. La consejera destacó la importancia de discutir abiertamente estos temas, criticando la tendencia a evitar un debate profundo sobre las prácticas financieras dudosas y la flexibilización de las sanciones por parte de algunos partidos políticos.

 

La preocupación de Humphrey no solo se centra en el aumento del lavado de dinero, sino también en la utilización de empresas fantasma y esquemas de triangulación de recursos para financiar campañas electorales. Este panorama sugiere una compleja red de operaciones financieras destinadas a influir indebidamente en el proceso electoral, poniendo en riesgo la democracia y la equidad en la contienda.

 

Para enfrentar este desafío, la consejera propone una reforma al Reglamento de Fiscalización del INE, con el objetivo de mejorar la capacidad de la institución para analizar el origen y los gastos de financiación de los partidos y sus campañas. Esta reforma es vista como un paso crucial para adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos empleados en delitos financieros, asegurando así el cumplimiento de las responsabilidades internacionales de México en materia de fiscalización electoral.