Norma Piña rechaza demoler el Poder Judicial en su contrapropuesta de reforma

CDMX a 9 de septiembre, 2024.- En medio del debate sobre la controvertida reforma judicial que se discute en el Senado, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, presentó una contrapropuesta con el objetivo de ofrecer soluciones más integrales y realistas para mejorar el sistema de justicia en México. Su mensaje, claro y contundente, fue dirigido tanto a los legisladores como a la sociedad en general: “La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende”.

La ministra expuso que su propuesta surge a partir de foros de discusión con ministros, juzgadores, organismos de derechos humanos y diversos actores del sistema de seguridad y justicia a nivel local y federal. Este diálogo permitió realizar un amplio diagnóstico que toma en cuenta tanto las necesidades de los operadores del sistema como de quienes interactúan con él, como organizaciones, estudiantes, víctimas y otros sectores clave.

Además de la propuesta de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también presentó una serie de recomendaciones basadas en la experiencia de quienes imparten justicia día a día. Estas contribuciones buscan enriquecer la discusión y asegurar que cualquier reforma considere las implicaciones prácticas y los efectos en la vida cotidiana de las personas que dependen del sistema judicial.

En su mensaje, Piña hizo un llamado directo a los senadores, exhortándolos a escuchar todas las voces involucradas en la discusión, en lugar de simplificar los problemas de seguridad y justicia al señalar exclusivamente a los jueces. “Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia son culpa de los jueces, quienes así lo crean no conocen a México”, sentenció.

El debate sobre la reforma judicial continúa, pero la posición de la ministra presidenta abre un espacio para la reflexión sobre cómo los cambios al sistema de justicia deben estar fundamentados en un análisis profundo y en el consenso de múltiples actores, evitando soluciones que puedan resultar contraproducentes para el bienestar del país.