Iglesia y colectivos protestan contra la violencia en Chiapas
Más de 10,000 personas marcharon en Chiapas exigiendo paz y justicia ante la violencia del crimen organizado.
Chiapas a 14 de septiembre, 2024.- Más de 10,000 feligreses y organizaciones civiles se reunieron en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para participar en la “Peregrinación por la Paz”, una manifestación encabezada por la Iglesia católica en la que se exigió a las autoridades estatales y federales reconocer la violencia desatada por el crimen organizado en diversas regiones del estado. Los participantes hicieron un llamado urgente para detener los desplazamientos forzados y proteger a las comunidades más afectadas.
La marcha fue organizada por las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, junto con varias organizaciones indígenas y de derechos humanos. La protesta se centró en la creciente violencia en Chiapas, especialmente en municipios fronterizos como Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde los enfrentamientos entre grupos criminales han sembrado el miedo y obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares, e incluso migrar a Guatemala en busca de seguridad.
En un comunicado oficial, la Iglesia católica denunció que las autoridades han minimizado los constantes enfrentamientos y la crisis humanitaria que afecta a comunidades enteras. “La gente vive aterrorizada, muchas veces son silenciadas o ignoradas por aquellos que tienen el poder para impedir estos sufrimientos”, declaró la Iglesia, haciendo referencia a los efectos devastadores de la violencia, incluyendo extorsiones, secuestros, y el uso de pobladores como “escudos humanos” en conflictos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad.
Además de la violencia directa, la Iglesia resaltó que los intereses económicos en la región, vinculados al despojo de bienes naturales y al narcotráfico, agravan la situación. Pueblos indígenas y comunidades rurales son los más afectados, enfrentándose a la destrucción de su entorno y al abandono de sus tierras.
El crimen organizado ha extendido su influencia en Chiapas, afectando no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también el funcionamiento de servicios básicos. El Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas alertó sobre el cierre de negocios, escuelas y hospitales debido a la inseguridad. Los retenes instalados por grupos criminales han limitado la libertad de movimiento de los pobladores, quienes deben pagar cuotas para ingresar o salir de sus comunidades.
En su manifestación, los líderes religiosos advirtieron que la historia no olvidará la indolencia de las autoridades frente a este «sistema de muerte». Las familias desplazadas y los derechos humanos de los chiapanecos se encuentran en una situación crítica que, según la Iglesia, requiere una respuesta urgente y decidida.
A pesar de las crecientes denuncias, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 7 de agosto, desestimó que el desplazamiento de familias chiapanecas hacia Guatemala pueda considerarse un éxodo. Aunque reconoció que entre 200 y 300 familias han dejado sus hogares debido al conflicto entre grupos criminales, calificó estas situaciones como focalizadas y criticó a las organizaciones civiles por «exagerar» los hechos.
No obstante, las organizaciones y la Iglesia insisten en que la violencia en Chiapas no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que requiere atención inmediata para evitar una mayor crisis humanitaria.
