Congreso CDMX aprueba reforma constitucional en materia de vivienda para trabajadores
El Congreso de la CDMX aprobó por unanimidad una reforma al Artículo 123 para garantizar vivienda digna a trabajadores, facilitando créditos accesibles y arrendamiento social. Este avance legislativo busca responder a la crisis habitacional y asegurar el derecho humano a un hogar adecuado.
El 31 de octubre de 2024, el Congreso de la Ciudad de México, en su III Legislatura, dio un paso significativo hacia la justicia social al aprobar por unanimidad la minuta que reforma el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma busca garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para las personas trabajadoras, en un contexto donde la crisis habitacional es un desafío latente.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Martha Ávila, subrayó que este avance legislativo permitirá a los trabajadores acceder a créditos accesibles para adquirir, mejorar o construir su hogar. “Esta reforma representa un avance fundamental en el reconocimiento del derecho humano a una vivienda adecuada”, afirmó, destacando su impacto positivo en la calidad de vida de millones de familias.
Diversos legisladores expresaron su apoyo a la reforma, enfatizando que cada persona trabajadora merece un hogar seguro. El diputado Omar Alejandro García Loria (PRI) lo manifestó claramente: “Esta reforma es un compromiso con la justicia social, que actualiza al Infonavit para enfrentar los retos actuales y ofrecer un sistema de créditos ajustado a la realidad de nuestros trabajadores”.
Asimismo, la diputada Diana Barragán Sánchez (PT) recordó que la vivienda digna no debe considerarse una mercancía, sino un derecho humano. Consciente de la crisis global de vivienda, destacó que esta reforma es un paso hacia la mejora de las condiciones habitacionales.
La reforma estipula que todas las empresas estarán obligadas a contribuir a un Fondo Nacional de Vivienda, destinado a ofrecer créditos accesibles para la adquisición o mejora de viviendas. Además, se establecerán condiciones para el acceso a arrendamientos sociales, asegurando que los pagos no excedan el 30% del salario de los trabajadores.
Sin embargo, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) advirtió que, aunque la reforma es un avance, aún queda un largo camino por recorrer para cerrar el déficit habitacional en México, que se estima en más de 9 millones de viviendas.
En resumen, esta reforma constitucional no solo establece la obligación de las empresas de apoyar a los trabajadores en su búsqueda de una vivienda adecuada, sino que también refleja un compromiso del gobierno local para responder a una de las necesidades más apremiantes de la sociedad actual. La lucha por una vivienda digna y accesible continúa, pero este es sin duda un paso hacia adelante.
