La ONU critica la ampliación de la prisión preventiva en México

La reciente propuesta de reforma constitucional en México que busca ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa ha encendido las alarmas en el ámbito internacional. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha expresado su profunda preocupación, señalando que esta medida podría contravenir principios fundamentales de derechos humanos.

El pasado 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó esta reforma, que incluye delitos como la extorsión y la producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo, dentro de los casos que ameritan prisión preventiva automática. Según Türk, esta práctica no debe ser generalizada, sino evaluada caso por caso por una autoridad judicial que determine si las circunstancias justifican dicha detención. «La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos», afirmó en un comunicado.

El Alto Comisionado instó a las autoridades mexicanas a considerar alternativas a la privación de la libertad y a fortalecer las capacidades de las fiscalías para reunir evidencia adecuada. La ONU ha reiterado su posición en contra de la prisión preventiva oficiosa, recomendando su eliminación en diversas ocasiones. Además, mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos han señalado que esta medida es incompatible con las obligaciones internacionales del país.

En México, la propuesta ha generado un intenso debate. Mientras que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) argumenta que no hay evidencia que respalde la efectividad de la prisión preventiva para reducir delitos, algunos legisladores del partido Morena defienden su necesidad en el contexto actual de seguridad.

Türk también expresó su preocupación por otras reformas judiciales recientes que podrían socavar la independencia del Poder Judicial. La elección popular de jueces y la introducción de «jueces sin rostro» son algunos cambios que han generado inquietud sobre cómo se administrará la justicia en el país.

La ONU hace un llamado a los tomadores de decisiones en México para detener esta propuesta y asegurar que las leyes nacionales estén alineadas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La situación actual plantea un dilema crucial: ¿es realmente efectivo ampliar el uso de la prisión preventiva ante los desafíos de seguridad, o se necesita un enfoque más centrado en los derechos humanos y el fortalecimiento institucional?